Escándalo en Chubut: una jueza, a los besos con un condenado a perpetua

Escándalo en Chubut: una jueza, a los besos con un condenado a perpetua

La magistrada visitó al interno por varias horas y sus gestos cariñosos quedaron filmados. Ella votó en disidencia en el juicio que condenó al hombre por matar a un policía.

El Superior Tribunal de Justicia del Chubut inició actuaciones administrativas contra una jueza de Comodoro Rivadavia que había mantenido “conductas inadecuadas” con el preso del alta peligrosidad condenado recientemente.

En un informe interno, el agente de guardia reporta a su superior, el jefe de la División Seguridad Interna, todo lo sucedido dentro de un aula del Instituto Penitenciario Provincial (IPP) de Trelew. Allí consta que la jueza en cuestión es Mariel Suárez, de la Circunscripción de Comodoro Rivadavia; y el detenido, Cristian Omar “Mai” Bustos, alojado en esa dependencia carcelaria y recientemente condenado a perpetua por el asesinato del policía “Tito” Roberts en Corcovado, en un hecho ocurrido en 2009.

El dato no menor es que la jueza Suárez integró el Tribunal que el 22 de diciembre pasado condenó a Bustos en un juicio realizado en Esquel. De hecho, Suárez votó en disidencia la condena a perpetua, solicitando una pena menor.

El inusual caso ocurrió el miércoles pasado (29 de diciembre) dentro del Instituto Penitenciario Provincial (IPP) ubicado entre Trelew y Puerto Madryn, “en horas de la tarde”, agrega el comunicado oficial del Superior Tribunal.

“A raíz de una comunicación formal dirigida a los Ministros en feria se tomó conocimiento de un encuentro requerido por una jueza penal de la circunscripción de Comodoro Rivadavia y un recluso alojado en dicho centro penitenciario, considerado de alta peligrosidad y recientemente condenado en el marco de un juicio oral y público sustanciado en la ciudad de Esquel”, detalla el parte oficial del Poder Judicial.

“De los datos comunicados desde el IPP surgen que la jueza habría incurrido en conductas inadecuadas para un magistrado. Las actuaciones se dirigen a dilucidar las circunstancias de dicha reunión entre una magistrada y un condenado, el tenor del encuentro, su extensión en el tiempo y las características del mismo, que puedan implicar violaciones a la Ley de Ética Pública y/o al Reglamento Interno General del Poder Judicial”, concluye el comunicado del Superior.

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